Para los alumnos de
historia y construcción de la ciudadanía.
Profesor: Ehrenberg
Alejandro
El “nuevo
constitucionalismo latinoamericano”
Los recientes textos fundamentales tienen elementos
autoritarios propios del siglo XIX
A partir
de creaciones y reformas constitucionales como las que se sucedieron en
Colombia en 1991, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, o
Bolivia en 2009, comenzó a hablarse de un “nuevo constitucionalismo
latinoamericano”. Lo de “nuevo” merece revisarse porque, según diré, las
renovadas Constituciones tienen demasiado que ver con las que existían antes,
pero en todo caso tiene más sentido concentrarse en el valor de las mismas.
Ello, en particular, dado el interés que han podido generar estos documentos.
Es mi impresión que se da un cierto equívoco sobre tales textos, que nos lleva
a elogiarlos por aspectos en los que ellos fallan, y a desconfiar de los mismos
a partir de otros rasgos que son merecedores, en cambio, de alguna cuidada
esperanza.
Vayamos,
de todas formas, por partes. El “nuevo constitucionalismo latinoamericano”
tiene poco de nuevo, sencillamente, porque el mismo no introduce novedades
relevantes en relación con el “viejo constitucionalismo,” en ninguna de las dos
partes esenciales en las que se divide cualquier Constitución: ni en la sección
dedicada a la organización del poder ni en la relacionada con la declaración de
derechos. Las Constituciones de América Latina son, en su gran mayoría,
estructuras consolidadas con más de dos siglos sobre sus espaldas, que en todo
caso han incorporado algunos pocos cambios en los últimos tiempos (el primero,
habitualmente, relacionado con la reelección presidencial) sobre una base que
permanece intacta, idéntica a sí misma. Esa base tiene entonces dos partes: una
organización de poderes que es tributaria del siglo XIX; y una organización de
derechos que se modificó esencialmente a comienzos del siglo XX, y que desde
entonces no ha variado de modo extraordinario. La primera parte —la vinculada
con la organización del poder— sigue reproduciendo hoy el viejo esquema
moldeado alrededor de 1850, en toda la región, al calor de un pacto entre las
fuerzas del liberalismo y el conservadurismo, las dos grandes corrientes de
pensamiento que, con modos violentos, disputaron su predominio durante las
primeras décadas que siguieron a la independencia regional. El pacto
liberal-conservador que, algo sorprendentemente, se extendió en Latinoamérica
desde mediados del siglo XIX se expresó, sobre todo, en Constituciones
restrictivas en materia de derechos políticos; hostiles a la participación
cívica; desatentas frente a la “cuestión social”. Constituciones que,
territorialmente, concentraron el poder en un “centro”, mientras que,
políticamente, centralizaron la autoridad en un Poder Ejecutivo especialmente
poderoso. Estas Constituciones, en buena medida inspiradas en el modelo
norteamericano de los “frenos y contrapesos,” se desmarcaban del ejemplo de
Estados Unidos justamente en este punto crucial (la organización del poder, y
en particular del Ejecutivo) para apoyarse en cambio en el modelo autoritario
napoleónico, o en el caso más familiar y cercano de la Constitución de Chile de
1833 (ejemplo típico del primer constitucionalismo autoritario de la región,
pero también, para muchos, sinónimo de estabilidad política). Con esta
variación (que el jurista argentino Juan B. Alberdi justificó refiriéndose a la
necesidad de contener los riesgos de la “anarquía”), las Constituciones
latinoamericanas modificaban de modo radical —y muy grave— el esquema de los
“frenos y contrapesos” que quedaba, de esta forma, desequilibrado, perdiendo
así buena parte de la virtud que le daba sentido. Se iniciaba así el derrotero
de poderes políticos institucionalmente separados de la ciudadanía, y
capacitados para “torcer” e inclinar a su favor al resto de la estructura de
poderes.
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La
segunda parte de las Constituciones latinoamericanas —la relacionada con las
declaraciones de derechos— sufrió cambios muy significativos a comienzos del
siglo XX. Ello así, sobre todo, desde la Revolución de México y el dictado de
la Constitución de 1917. La Constitución mexicana, en efecto, trastocó la
tradicional estructura de derechos típica del constitucionalismo
liberal-conservador de la región, vigente hasta entonces. Las “viejas”
Constituciones aparecían ante todo preocupadas por la preservación de la
propiedad, los contratos y el libre cambio; eran en el mejor de los casos
ambiguas en materia religiosa; hacían algunas referencias a derechos liberales
clásicos (libre expresión, libre asociación); y mantenían completo silencio en
materia de derechos sociales. Desde la Revolución de México, en cambio, todas
las Constituciones latinoamericanas modificaron sustantivamente su listado de
derechos, y se comprometieron enfáticamente con declaraciones amplias,
generosas, muy ambiciosas en materia de derechos. Mal que le pese a algunos, lo
cierto es que el constitucionalismo mundial (salvo excepciones que incluyen a
la Constitución de Estados Unidos) cambió desde entonces, y comenzó a adoptar,
de forma más o menos explícita, más o menos rotunda, significativas listas de
derechos sociales, económicos y culturales.
El “nuevo
constitucionalismo latinoamericano”, surgido a finales del siglo XX, no
modificó de modo relevante el viejo esquema (más allá de que en un futuro
trabajo, más detallado que éste, deban precisarse diferencias, país por país).
Las “nuevas” Constituciones latinoamericanas se mantienen ajustadas al doble
molde originario. Se trata de Constituciones con “dos almas”: la primera,
relacionada con una estructura de poderes que sigue respondiendo a concepciones
verticalistas y restrictivas de la democracia, como las que primaban en el
siglo XIX; y la segunda, de tipo social, relacionada con la estructura de
derechos que se forjara a comienzos del siglo XX. A esta combinación, el último
constitucionalismo latinoamericano le agregó pocos cambios, que facilitaron las
reelecciones presidenciales, y en todo caso expandieron algo más las ya
ambiciosas listas de derechos: si las de comienzos de siglo habían procurado
incorporar a la “clase trabajadora” en la Constitución (más no sea a través de
las declaraciones de derechos), las de finales de siglo comenzaron a hablar de
derechos indígenas, multiculturales, o de género. Cuestiones que no habían sido
tematizadas por las Constituciones anteriores.
El debate
que me interesa promover, en todo caso, nada tiene que ver con el carácter más
o menos innovador del “nuevo constitucionalismo.” Me interesa señalar, en
cambio, de qué modo el “nuevo constitucionalismo latinoamericano” reproduce las
viejas estructuras autoritarias que recibimos en legado de los siglos XVIII y
XIX. Me interesa afirmar que no hay proyecto democrático y de avanzada bajo
organizaciones de poder concentradas en Ejecutivos o monarcas, que representan
la negación política de la democracia que declaman. Y me interesa insistir,
ante todo, en esta idea: la contradicción que las nuevas Constituciones establecen
entre el modo en que organizan el poder (estilo siglo XIX) y el modo en que
definen derechos (estilo siglo XXI) no nos habla de una relación desafortunada,
con la que hay que aprender a convivir, sino de una tensión que amenaza la vida
misma de los derechos que esas Constituciones proclaman. No se trata, sin
embargo, de recitar los nombres de los principales gobernantes de la región,
responsables de los derechos que no se efectivizan, bajo retóricas siempre
encendidas. Se trata de denunciar un modo errado de pensar el
constitucionalismo, que después de más de doscientos años de práctica no ha
aprendido a reconocer lo obvio, esto es, que el poder concentrado (político,
económico) no puede sino resistir la puesta en práctica de los derechos nuevos,
porque ella promete socavar también el poder de quienes hoy gobiernan
discrecionalmente, bajo el control de nadie. Los latinoamericanos fueron los
primeros en asegurar el ingreso de la “clase trabajadora” y otros grupos
desaventajados a la Constitución, pero lo hicieron sólo a través de la sección
de los derechos. Ha llegado la hora de que abran para tales grupos las puertas
de la “sala de máquinas” de la Constitución, que después de más de dos siglos
siguen —como en toda Europa— todavía cerradas.
Roberto Gargarella es profesor de Derecho
Constitucional y doctor en Derecho
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